El 22 de agosto de 1979, el editorial del periódico El País titulado «La reforma, la ruptura y los símbolos» reflexionaba sobre los primeros años tras el fin de la dictadura y el tránsito «pacífico y gradual» hacia una monarquía parlamentaria, conducido por «políticos profesionales del anterior sistema, que adquirieron sus destrezas y capacidades sirviendo pragmáticamente a un poder que negaba, en la teoría y en la práctica, las libertades y derechos de nuestra actual democracia constitucional». Sobre el precio «moral y pecuniario» que dicho proceso tuvo que pagar, el armazón institucional sobre el que se sustentó todavía colea y aún hoy en día es difícil, incluso molesto en algunos sectores, reivindicar el derecho a la restitución de la memoria histórica e incluso hablar de los costes y problemas que planteó al país la transición.

El relato oficial de los años ochenta abogó por una instauración de la democracia que priorizó la necesidad a la razón, y que consolidaría una mirada que privilegió el futuro antes que el análisis del pasado reciente.